El jefe de Investigación de Delitos Carlos Rubén Paredes, explicó que desde el inicio no cerraban los relatos de la enfermera Gladys Andréa Garay, sospechosa del asesinato de su marido.

Según Garay, en la madrugada del 26 de febrero, delincuentes ingresaron a su vivienda para perpetrar un asalto. Ella oyó unos ruidos en el techo y avisó a su marido, quien supuestamente salió a verificar y fue reducido por tres personas, quienes tras forcejear con él lo degollaron.

El uniformado indicó que a partir de este relato dos puntos ya no tuvieron sentido: “A las 2 y pico escuchar un ruido en el techo y salir a mirar quién estaba afuera es medio absurdo, por qué no llamó al 911, punto dos, para qué van a entrar por el techo a robar siendo que pueden echar a patadas la puerta, no van a hacer ruido para que te despiertes y reacciones contra ellos”, afirmó el Crio. en charla con la 970.

La mujer, quien anteriormente ya había quedado viuda, estaba casada hace un año con Juan Antonio López Cantero (59) y juntos habían contratado un seguro de vida por el cual pagaban 900.000 guaraníes.

Debido a esto, se sospecha que la idea de la mujer fue montar todo para que parezca un asalto y así cobrar el dinero del seguro.

En la cámara del circuito cerrado se observa en ese mismo horario a un hombre saliendo de la casa. Este sería el autor material del homicidio.

El primer marido de la mujer había fallecido por muerte súbita y en aquel entonces cobró 50 millones de guaraníes también mediante el seguro.

La Comisión de Legislación del Senado recomendó la aprobación con modificaciones del citado proyecto dirigido a todas las personas con discapacidad, ya sea, físicas, psíquicas o sensoriales, congénita o adquirida que se vean impedidas de desarrollar una actividad digna y remunerada.

Una de las modificaciones propuestas es quelas personas con discapacidad recibirán una pensión mensual de hasta el 25% del salario mínimo legal vigente. Para ser beneficiario según lo planteado en el proyecto se debe tener nacionalidad paraguaya natural, contar con un grado de discapacidad moderada o grave.

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Por otra parte, la Comisión de Hacienda y Presupuesto, aconsejó aprobar con modificaciones, de tal modo, a volver más clara la situación con relación a la población objetiva y hacerlo de manera gradual.

Sin embargo, se expuso otro dictamen por el rechazo que se fundamenta debido a la dificultad financiera que representa la aprobación del proyecto.

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Durante el desarrollo de este tema, varios legisladores manifestaron su conformidad con el proyecto. En tanto que, el senador Basilio Núñez, señaló que la iniciativa no tiene la certeza de cuántas personas están con cierto grado de discapacidad y planteó la posibilidad de trabajar en un proyecto de Ley que beneficie a personas con discapacidad severa.

El proyecto fue rechazado y se remite nuevamente a la Cámara de Diputados para su consideración.

Próximamente, se dará a conocer este proceso a través de la página web del Ministerio de Salud, para la postulación de los interesados. Estará dirigido a profesionales que buscan acceder al primer empleo en el área de salud.

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Conforme avanzan las obras del Gran Hospital del Sur y del Hospital General de Coronel Oviedo, la cartera sanitaria trabaja en la planificación del equipamiento integral y la contratación de recursos humanos según la cartera de servicios que se ofrecerá en cada uno de estos centros asistenciales.

Al igual que el personal médico, administrativo y de apoyo, se efectuó el cálculo de dotación de recursos humanos de enfermería necesarios, que serán aproximadamente unos 1.200, según técnicos de la Dirección General de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud y la Dirección de Enfermería.

Como política institucional, los ingresos del personal a los próximos hospitales de Coronel Oviedo y del Sur se harán por concurso.

Pese a que la Justicia confirmó el pedido de desalojo del IPS contra ocupantes irregulares de un inmueble, el exgerente de la institución, Pedro Halley, presentó una acción de inconstitucionalidad para alargar su estadía en la vivienda en la que se encuentra desde hace años sin pagar por el alquiler correspondiente.

Al respecto, el Dr. José González, director Jurídico del IPS, señaló que con esta acción de Halley, lo que busca es alargar el conflicto judicial para continuar en la vivienda. “Con este nuevo escrito que presenta se nota que no está con ánimos de salir y buscar dilatar su salida del inmueble”, sostuvo en conversación con Universo 970 AM de Nación Media.

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“Es una vergüenza esto, porque nosotros necesitamos recaudar y que ingresen las rentas”, agregó González.

La propiedad de la previsional se encuentra situada en el barrio Santo Domingo, de Asunción. “El inmueble está muy bien ubicado y le daría un muy buen ingreso a la institución”, acotó el director jurídico.